Las irregularidades del concurso de frecuencias que se reflejaron en el primer borrador del informe de Contraloría y las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador (LOC) son materias que se debaten actualmente en el país.  El miércoles 14 de junio, Gissela Dávila, directora general de CIESPAL abordó estos temas en  Frente al Personaje Radio de Latina Noticias (Radio Latina), donde reiteró que estos son factores que deben debatirse permanentemente.

Dávila señaló que el espectro radioeléctrico es un patrimonio administrado por el Estado, un derecho ciudadano, que, según la Ley Orgánica de Comunicación, debe estar redistribuido en tercios (33% medios públicos, 33% medios privados y 34% medios comunitarios) por ello explicó la importancia del cumplimiento de la Ley. Sobre el informe de Contraloría, que señala irregularidades en la entrega de frecuencias,  comentó que, de confirmarse, estas frecuencias deberían retirarse para colocarse nuevamente a concurso.

Varios sectores en Ecuador han solicitado al gobierno la anulación del concurso para la adjudicación de frecuencia, sobre el tema mencionó: “El concurso de frecuencias ya tiene resultados, incluso se han entregado títulos habilitantes a medios de comunicación para su funcionamiento. Esto significa que hay precedentes de la ejecución del concurso, por lo tanto no es factible eliminar el concurso de frecuencias pues se perjudicaría a quienes han participado bajo la normativa”, enfatizó.  

Sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, que se discuten en la Asamblea Nacional, la Directora General de CIESPAL no dudó en marcar como necesario el reforzamiento de las acciones afirmativas para el sector comunitario con la finalidad de que, se cumpla con el espíritu de redistribución de la Ley y que este sector que al momento apenas tiene el 2 y 3 por ciento, alcance el 34 tan anhelado.  

Sobre las reformas que involucran a los organismos de comunicación como el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Dávila señaló la necesidad de incluir a la ciudadanía en las acciones institucionales; sobre la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) manifestó que la regulación es necesaria pero no con sanciones pecuniarias sino que permitan el intercambio entre la sociedad civil, los medios de comunicación, la academia y los grupos organizados de forma que se analicen los contenidos para aprender sobre todos los sectores y no cometer errores en el tratamiento de información, y en caso de que cometerlos, hacer restitución o rectificación correspondiente, declaró.